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MEXICALI, BC, 17 de agosto de 2026.- Aunque las aportaciones económicas de los padres de familia para la inscripción no pueden considerarse obligatorias, los planteles educativos de Baja California requieren de estos recursos para cubrir gastos que no son solventados en su totalidad por el gobierno del Estado, señaló la secretaria de Educación, Irma Martínez Manríquez.
La funcionaria explicó que, si bien la administración estatal absorbe la mayor parte de los costos relacionados con la educación pública, existen necesidades cotidianas de las escuelas que deben ser atendidas con recursos propios.
Entre estos gastos mencionó la adquisición de artículos de limpieza y el pago de servicios como el agua, particularmente en los planteles de educación media superior, donde son las propias instituciones las que deben cubrir dicho suministro.
“Hay otros detalles que no son así. Por ejemplo, lo del día a día; los enseres para la limpieza; el agua. Por ejemplo, en educación media quien paga el servicio de agua pues son los mismos planteles, entonces ellos tienen que buscar ingresos propios para cubrir las necesidades que también tienen que satisfacer”, explicó.
Martínez Manríquez rechazó que estas aportaciones puedan calificarse como obligatorias, al señalar que las cuotas son resultado de acuerdos establecidos entre las asociaciones de padres de familia y las autoridades de cada plantel.
La titular de Educación destacó que las necesidades económicas pueden ser mayores en los bachilleratos debido a la cantidad de estudiantes que utilizan diariamente sus instalaciones.
“No podemos usar la palabra obligatoria porque es un acuerdo entre los padres de familia y la dirección del plantel. En algunos espacios he comentado que las escuelas son como la casa, todos los días ocupamos algo, y en las escuelas no hay dinero que alcance, mucho menos en los bachilleratos que tú estás hablando, que tienes más de mil personas que entran y salen todos los días”, expresó.
Agregó que algunos centros educativos destinan parte de sus recursos a la compra de material deportivo, así como a los insumos requeridos para las bandas de guerra.
La funcionaria sostuvo que el principio de gratuidad de la educación pública se mantiene debido a que el gobierno estatal se hace cargo de conceptos como las nóminas, el consumo de energía eléctrica, las obras de mantenimiento mayor y la construcción de infraestructura educativa.
“Se habla de la gratuidad en la educación, y está instituido en nuestras leyes, porque la nómina la paga el gobierno; porque la luz la paga el gobierno; el mantenimiento mayor y las construcciones la paga el gobierno”, abundó.
Martínez Manríquez también reconoció que la prohibición de la venta de comida chatarra en los planteles educativos tuvo un impacto en los ingresos que anteriormente obtenían las cooperativas escolares.
La medida comenzó a aplicarse desde marzo de 2025 y de acuerdo con la secretaria, las escuelas tuvieron que modificar la oferta de alimentos y posteriormente ajustarse a las nuevas disposiciones federales.
“Sí les afectó, pero ahí siguen todavía atendiendo las cafeterías de las escuelas. Primero tuvieron que cambiar el menú y después adaptarse a las nuevas disposiciones federales, aquí no había de otra. Esto de la comida chatarra a todo mundo nos estaba afectando”, declaró.