Regulación de celulares debe integrarse al Programa de Protección Escolar

MEXICALI, BC, 17 de agosto de 2026.- La regulación del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las aulas debería incorporarse al Programa de Protección Integral Escolar (PPIE) de Baja California, consideró el abogado Guillermo Rivera Millán.

Señaló que incluir este tema en el programa permitiría establecer medidas preventivas y mecanismos de intervención antes de optar por una prohibición generalizada de estos dispositivos en los planteles educativos.

El pasado 3 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa para regular el uso de celulares durante las clases en todo el país.

La propuesta será presentada a finales de agosto, mientras que en Baja California la Secretaría de Educación ya contempla comenzar a socializar la medida con los planteles durante septiembre.

La titular de la dependencia, Irma Martínez Manríquez, informó que alrededor de 10 escuelas del Estado ya restringieron el uso de celulares mediante acuerdos establecidos entre las autoridades escolares y los padres de familia.

Ante este escenario, Rivera Millán, quien participa en iniciativas como Justicia Contra el Cáncer y asesora jurídicamente causas como Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, planteó que el tema sea contemplado dentro del PPIE.

El PPIE 2026–2027 es el instrumento estatal para identificar, clasificar y atender los riesgos que afectan el bienestar, la seguridad y el aprendizaje. Sin embargo, el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos todavía requiere un tratamiento expreso como posible factor de riesgo digital, cognitivo, emocional y de convivencia, indicó.

El abogado aclaró que los teléfonos celulares no representan por sí mismos un riesgo, sino que las posibles afectaciones están relacionadas con la forma en que son utilizados y las consecuencias que pueden generar.

Entre los riesgos mencionó las distracciones durante las clases, problemas en el aprendizaje y el descanso, uso excesivo de plataformas digitales, ciberacoso, grabaciones sin autorización y acceso a contenidos perjudiciales.

También señaló posibles repercusiones en las habilidades sociales de los estudiantes, por lo que consideró necesario establecer mecanismos específicos para atender cada situación.

Incorporar estos supuestos al PPIE permitiría activar acciones de prevención, detección, registro, intervención y acompañamiento sin reducir la respuesta a una prohibición general, añadió.

Respecto a la iniciativa anunciada por la presidenta, Rivera Millán consideró que su aplicación debe adaptarse a las condiciones particulares de cada comunidad educativa, tal como plantea el modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Explicó que una misma medida no necesariamente puede aplicarse de manera idéntica en todas las regiones, debido a las diferencias existentes entre estados, municipios, escuelas y comunidades.

Así como la revisión de mochilas no se aplica igual en todas las zonas, el celular tampoco. Una regulación nacional puede establecer principios y estándares mínimos, pero su implementación debe considerar las características de cada estado, municipio, plantel y comunidad escolar, indicó.

En este sentido, sostuvo que un esquema basado en la gestión de riesgos permitiría identificar las circunstancias particulares de cada escuela y establecer respuestas acordes con la gravedad de cada caso.

El abogado consideró que no todas las situaciones relacionadas con dispositivos tecnológicos deben resolverse mediante restricciones generales, debido a que las herramientas digitales continúan evolucionando.

No todo debe resolverse mediante prohibiciones generales ni mediante un decreto que pretenda normar individualmente teléfonos, tabletas, relojes inteligentes, audífonos, inteligencia artificial, y cada nuevo dispositivo que aparezca, manifestó.