Ley Vicente carece de sustento estadístico y antecedentes: Desertik’s

MEXICALI, BC, 17 de agosto de 2026.- La iniciativa denominada Ley Vicente, presentada ante el Congreso del Estado de Baja California por el diputado Juan Diego Echevarría Ibarra, carece de datos estadísticos y antecedentes que sustenten las modificaciones que propone, señaló Fernanda Olguín, vocera de la colectiva Desertik’s.

El pasado 13 de agosto, Echevarría Ibarra presentó detalles de la propuesta durante una rueda de prensa, explicando que esta surgió a partir del caso de Vicente, el menor que falleció en mayo después de permanecer encerrado dentro de un vehículo.

De acuerdo con el legislador, la iniciativa plantea garantizar que niñas y niños puedan conservar vínculos familiares y evitar que sean utilizados como “moneda de cambio” durante conflictos entre sus padres.

También contempla agilizar las evaluaciones psicológicas de los progenitores involucrados en procesos judiciales relacionados con la patria potestad, además de establecer sanciones más severas para quienes presenten denuncias falsas.

Sin embargo, Olguín cuestionó que las modificaciones propuestas no estén acompañadas de información que permita dimensionar los problemas que pretenden atender.

“Siempre estando a favor de la protección integral y real de niños, niñas y adolescentes, hacemos notar que dicha iniciativa presentada por el diputado Diego no trae estadística, no trae un fundamento, no trae antecedentes, es una iniciativa hecha a puras suposiciones”, expresó.

La representante de Desertik’s señaló particularmente la propuesta relacionada con las denuncias falsas, al indicar que no existen registros específicos que permitan determinar cuántos casos de este tipo se presentan en México.

Agregó que tampoco se cuenta con una estadística precisa a nivel latinoamericano, aunque mencionó que en España existe un registro que ubica estos casos cerca del 2%.

Por ello, consideró cuestionable que se pretenda incrementar las sanciones por este tipo de conductas cuando las denuncias falsas ya se encuentran contempladas como delito dentro del Código Penal.

Respecto a la intención de acelerar los procedimientos para realizar evaluaciones psicológicas a padres e hijos, Olguín consideró que antes sería necesario actualizar las herramientas utilizadas para dichas valoraciones.

Asimismo, señaló que el personal encargado de realizar estos procedimientos tendría que recibir capacitación especializada para garantizar que las modificaciones propuestas tengan resultados efectivos.

Advirtió que, de no atender primero estas deficiencias, los recursos que eventualmente se destinen para agilizar los procesos podrían no traducirse en una mejor atención para las familias y los menores involucrados.