El diputado del Verde, el perchero de 224 mil pesos y la sombra del tráfico de influencias

Puerto Vallarta compró lujo para la oficina del alcalde. Tlaquepaque aportó al diputado. El Partido Verde amarró a los dos. En medio quedó un perchero de encino de 224 mil 412 pesos y una factura de más de un millón 431 mil pesos a nombre de Claudia Gleason Franco. La pregunta que abre este caso no es si el mueble existe: es si el cargo de un legislador sirvió para que el erario de un destino turístico pagara el taller de su entorno.

La regidora independiente Melissa Madero armó el expediente con cheques, pólizas, contratos y licitaciones. Documentó que el Ayuntamiento destinó un millón 431 mil 515 pesos a mobiliario para acondicionar el área de Presidencia y que esa factura se emitió a nombre de Gleason Franco. En el mismo paquete aparecen la silla del alcalde, en 72 mil 425 pesos, y mesas de mármol y encino. Remodelación y amueblado de esa oficina suman más de ocho millones. Madero contrastó esos precios con colonias sin agua, recolección fallida y trabajadores municipales con equipo obsoleto. El perchero se volvió la pieza que resume el asunto: un objeto cotidiano tasado como si fuera obra de autor.

Alberto Alfaro García no es un particular ajeno al poder. Es diputado local por el Distrito 16 de Tlaquepaque, preside temas de vigilancia y se presenta como empresario. En 2021 lo dijo sin rodeos: su familia y él se dedican a la industria mueblera, el padre tiene empresa en Tlaquepaque y él tiene fábrica propia de mueble residencial y de hotelería.

Este año, ya en el Congreso y después de pasar de Morena al Verde, volvió a hablar de los negocios de su familia y denunció que su fábrica fue clausurada dos veces, lo que atribuyó a persecución política. Esa biografía comercial importa porque Tlaquepaque es polo tradicional de madera y tapicería, y porque el comprador del lote de lujo es Luis Ernesto Munguía González, alcalde de Puerto Vallarta por el mismo partido al que Alfaro se sumó en febrero.

La versión que circula —y que da sentido político a la factura— es que Gleason Franco, titular del atelier que lleva su nombre, es la esposa del diputado. Esa afirmación no consta como sentencia ni como acta pública en los expedientes periodísticos revisados. Lo que sí consta es el nombre en la factura municipal, el oficio de Alfaro como fabricante de muebles y la militancia compartida con quien pagó. Ese triángulo es el que abre la hipótesis del tráfico de influencias. El tráfico de influencias no exige que el diputado firme el cheque. Exige que use el cargo, el partido o la cercanía para que otro funcionario resuelva un negocio público en beneficio propio o de su círculo.

El artículo 221, fracción III, del Código Penal Federal sanciona al servidor que, por sí o por interpósita persona, promueva indebidamente un acto de otro servidor y con ello obtenga provecho para sí, su cónyuge, parientes o socios. La pena va de dos a seis años de prisión, multa e inhabilitación. En Jalisco, el artículo 154 M del Código Penal castiga a quien intervenga valiéndose de su influencia política, familiar o moral ante quien decide contratos públicos. La pena es la misma: dos a seis años. Si Alfaro usó el escaño o la fraternidad verde para que Vallarta comprara a su entorno, no estaríamos ante una venta comercial ordinaria. Estaríamos ante un legislador que mueve un contrato ajeno a sus facultades —él no administra Puerto Vallarta— para que el dinero público llegue a su casa o a su fábrica. El artículo 220 federal, el de ejercicio abusivo de funciones, apunta al otro polo: el servidor que otorga compras que benefician a su cónyuge o a sociedades de su círculo. Esa figura recae primero en quien autorizó del lado municipal.

En un esquema de partido, uno puede gestionar y el otro adjudicar. Hay más tipos que encajan si se prueba el nexo. La Ley General de Responsabilidades Administrativas trata el conflicto de interés como falta grave: un diputado no puede inducir a otro funcionario a contratar con su cónyuge o su empresa. Aunque no pida dinero en sobre, el provecho familiar basta. Si la compra se armó con concurso simulado o precios fuera de mercado, caben el uso ilícito de atribuciones y el abuso de autoridad, las mismas figuras que Alfaro ha invocado contra el gobierno de Tlaquepaque. Y si un peritaje demuestra que el municipio pagó muy por encima del valor comercial, el diferencial es daño patrimonial. El cohecho quedaría reservado a una hipótesis más grave: dádiva o contraprestación para inclinar la compra. Hoy no hay prueba pública de un sobre. Sí hay prueba pública de un beneficio económico al proveedor. Ninguna de esas figuras se consume con el parentesco solo. Hace falta el acto de intermediación o el provecho indebido. Pero el diputado no puede alegar desconocimiento. Es servidor público obligado a declarar intereses, a abstenerse y a no promover negocios de su familia ante otros gobiernos.

Lo que ya está en papel es el monto, el perchero, el nombre de Gleason Franco, el destino de los muebles y que Alfaro y Munguía militan en el Verde. Lo que dijo el propio legislador es que su familia vive de fabricar muebles. Lo que falta ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción y el Órgano Interno de Control de Puerto Vallarta es el vínculo conyugal o societario exacto, los mensajes o gestiones hacia Presidencia, las actas del Comité de Adquisiciones y un dictamen de precios. Sin esa segunda capa no hay sentencia. Con ella, el caso deja de ser la anécdota de un perchero caro y se convierte en un posible tráfico de influencias entre correligionarios.

Esto no cierra el expediente. Lo abre. El perchero de 224 mil pesos, la factura a nombre de Gleason Franco y el nexo entre el diputado mueblero y el alcalde de su mismo partido no son un caso aislado: son la primera irregularidad de una cadena que apenas empieza a salir. Hay más contratos, más precios inflados y más posibles conflictos de interés en la documentación que ya está sobre la mesa. Quien hoy pide auditorías en Tlaquepaque tendrá que responder, también, por lo que se compró en Vallarta. Esta nota es la primera. Vendrán otras.