Michoacán: cifras crecientes, aprendizajes opacos

El Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública correspondiente al ciclo 2025-2026 dedica a Michoacán un lugar recurrente en sus páginas. Aparece en listados de entidades beneficiarias de programas de infraestructura, en tablas de becarios que suman cientos de miles de nombres y en el anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado como una estrategia federal para atender las causas estructurales de la violencia en el estado.

La lectura apresurada de estas cifras deja la impresión de un estado atendido, cubierto, acompañado por la política educativa nacional. Basta comparar esas cifras con los indicadores de cobertura, permanencia y aprendizaje que el propio documento reporta para advertir una distancia considerable entre el volumen de la inversión declarada y la transformación efectiva de la vida escolar michoacana. Michoacán recibió, según el informe, 593 mil 247 becarios de los programas de Bienestar en el ciclo reportado, una cifra que representa un crecimiento sustancial respecto de los 444 mil 858 registrados en el periodo anterior. Al mismo tiempo, la cobertura en educación superior en la entidad se ubicó en 31.4 por ciento, uno de los niveles más bajos del país, y el grado promedio de escolaridad alcanzó apenas 9.3 años, una décima por debajo del promedio nacional de 10.3. Estas dos realidades conviven en el mismo documento sin que la autoridad federal ofrezca una explicación sobre la brecha entre el gasto y el resultado.

Los datos del informe permiten trazar un mapa detallado de la situación educativa michoacana. En preescolar, la atención a niñas y niños de tres a cinco años alcanzó 59.2 por ciento, cifra que coloca a la entidad entre las de menor cobertura del país, por debajo de estados con condiciones socioeconómicas comparables. En primaria, la cobertura se sostuvo en 96.1 por ciento, un nivel aceptable que refleja décadas de universalización en ese tramo.

La caída llega con fuerza en secundaria, donde el indicador se ubicó en 87.3 por ciento, y se agudiza en educación media superior, con apenas 66.1 por ciento frente a un promedio nacional de 80.3 por ciento. La brecha se vuelve crítica en educación superior, donde Michoacán reporta 31.4 por ciento de cobertura, muy distante del 143.7 por ciento que exhibe la Ciudad de México gracias a su condición de receptora de estudiantes de otras entidades, pero también lejos de estados con estructura demográfica similar. El analfabetismo se mantuvo en 5.7 por ciento, una cifra superior a la de estados como Coahuila, Ciudad de México o Nuevo León, que reportan cifras cercanas o inferiores a 1.5 por ciento.

En materia de infraestructura, el informe documenta apoyos a universidades tecnológicas y politécnicas en el marco del Plan Michoacán, proyectos calificados por la propia dependencia como de carácter estratégico, además de la continuidad de las rutas del Librobús como estrategia territorial de fomento a la lectura. La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigida a educación superior, benefició a 16,072 michoacanos, mientras que un programa adicional de becas de nivel medio superior reportó 132,089 beneficiarios en la entidad. El componente del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia vinculado a becas inició su cobertura apenas en noviembre de 2025, lo que implica que su primer ciclo completo de operación abarcó menos de ocho meses al cierre del informe.

La lectura conjunta de estas cifras exhibe que Michoacán opera una política de transferencias monetarias amplia y creciente, capaz de sumar cientos de miles de becarios y de presentarse como evidencia de atención federal, mientras sus indicadores estructurales de cobertura y aprendizaje permanecen estancados en los últimos lugares nacionales o en la opacidad.

El informe reporta con precisión cuántas personas reciben una beca, cuántos planteles se ampliaron y cuántos centros deportivos se inauguraron, pero guarda silencio sobre los resultados de aprendizaje, sobre las pruebas diagnósticas aplicadas a la niñez michoacana y sobre la proporción de estudiantes que egresan de la educación básica con las competencias mínimas esperadas. Esta ausencia constituye, en sí misma, un hallazgo. Un sistema que mide su éxito exclusivamente a partir de la entrega de recursos y la construcción de espacios corre el riesgo de confundir el insumo con el resultado y la cobertura administrativa con la calidad educativa genuina, mientras la deuda con el aprendizaje michoacano se acumula generación tras generación. La caída abrupta entre la cobertura de primaria y la de educación media superior, de 96.1 a 66.1 por ciento, retrata con crudeza el fenómeno del embudo educativo que caracteriza a Michoacán desde hace más de una década. Miles de adolescentes abandonan la escuela entre la secundaria y el bachillerato, justo en el tramo de edad más vulnerable frente al reclutamiento del crimen organizado y la migración laboral temprana.

Sostener durante años una política educativa que privilegia el conteo de beneficiarios sobre la evaluación de aprendizajes tiene consecuencias medibles y ya visibles en Michoacán. La primera es la reproducción del rezago educativo entre generaciones, pues un grado promedio de escolaridad de 9.3 años implica que la persona michoacana típica concluye apenas la secundaria sin alcanzar el bachillerato completo, condición que limita de manera directa su acceso a empleos formales y bien remunerados. La segunda consecuencia es la persistencia de una brecha de cobertura en educación media superior y superior que empuja a decenas de miles de jóvenes hacia la informalidad laboral o hacia estructuras delictivas que ofrecen ingresos inmediatos frente a la promesa diferida de la escolarización.

La tercera consecuencia, menos visible pero igualmente grave, es el desgaste de la confianza ciudadana en los programas de transferencia educativa, pues familias que reciben una beca y observan que sus hijos siguen sin dominar la lectura comprensiva o el razonamiento matemático básico terminan por concluir que el apoyo económico opera como paliativo antes que como palanca de movilidad social. La cuarta consecuencia atañe directamente a las finanzas públicas del estado, pues cada ciclo escolar sin resultados de aprendizaje verificables representa recursos federales y estatales invertidos sin garantía de retorno social.

Frente a este panorama, Michoacán enfrenta urgencias que admiten poco margen de espera. La primera urgencia consiste en hacer pública y periódica la medición de aprendizajes en la entidad, con instrumentos diagnósticos aplicados de manera sistemática en educación básica y media superior, de forma que la sociedad michoacana pueda evaluar el desempeño del sistema con datos propios, más allá de las cifras de cobertura administrativa.

La segunda urgencia radica en cerrar la brecha de cobertura en educación media superior antes de que termine la actual administración estatal, pues una diferencia de catorce puntos porcentuales respecto del promedio nacional coloca a miles de adolescentes michoacanos en situación de abandono escolar temprano cada ciclo lectivo. La tercera urgencia exige vincular de manera transparente el gasto del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con metas educativas verificables en los municipios prioritarios, de modo que la ciudadanía pueda constatar si la estrategia efectivamente reduce la vulnerabilidad juvenil frente al crimen organizado o si se limita a la entrega de apoyos económicos sin seguimiento. La cuarta urgencia se refiere a la estabilidad institucional de la Secretaría de Educación en el Estado, que enfrenta el reto de construir en poco más de un año un proyecto educativo capaz de trascender el cambio de administración, en un contexto de conflictos laborales recurrentes con el magisterio disidente y de controversias sobre el calendario escolar que han erosionado la confianza de las familias michoacanas en la autoridad educativa estatal.

El Segundo Informe de Labores confirma una tendencia que Mexicanos Primero Michoacán ha documentado de manera consistente durante los últimos años:  la política educativa federal y estatal privilegia la comunicación de logros cuantitativos, becarios atendidos, planteles ampliados y centros deportivos inaugurados, por encima de la evaluación honesta de sus efectos sobre el aprendizaje real de niñas, niños y adolescentes michoacanos. Esta preferencia responde a una lógica comprensible desde el punto de vista político, pues los números de cobertura resultan más fáciles de comunicar y de defender ante la opinión pública que los resultados de aprendizaje, casi siempre menos favorables y más difíciles de explicar. Sin embargo, esa comodidad comunicativa tiene un costo social que Michoacán ya paga con un grado promedio de escolaridad por debajo de la media nacional, con una cobertura de educación superior entre las más bajas del país y con generaciones enteras de jóvenes que abandonan la escuela justo en el tramo donde más protección necesitan frente a la violencia y la precariedad laboral.

Michoacán tiene ante sí una oportunidad concreta para transformar la manera en que mide y comunica su política educativa. Las familias michoacanas merecen conocer, con datos claros y accesibles, si sus hijas e hijos aprenden lo que la escuela promete enseñarles. Mexicanos Primero Michoacán reitera su disposición a acompañar este proceso con evidencia, con análisis técnico y con la vigilancia ciudadana que ha caracterizado su labor desde 2009, convencida de que Michoacán solo saldrá del rezago educativo cuando la conversación pública deje de contar becarios y comience a contar aprendizajes.

Lo anterior resulta particularmente especial, toda vez que ayer fue el Día Mundial de la Alfabetización, el lanzamiento global de los resultados de la Prueba PISA 2025. Al respecto, seguimos leyendo y escuchando las reacciones de los agentes educativos, de los actores políticos y sociales. Esperemos que todo esto sirva para hacer la diferencia en materia educativa y en el informe del 2027 encontremos acciones, inversiones y políticas públicas realizadas para atender lo que los diagnósticos exhiben. También, un día como ayer, pero de 2009, se realizó la presentación pública de nuestra organización, Mexicanos Primero Michoacán, A.C., lo cual redobla el compromiso de continuar fungiendo como observatorio ciudadano de la política educativa estatal desde un enfoque de derechos educativos: para que todas las niñas, niños y jóvenes estén, aprendan y participen en las mejores condiciones posibles. ¡Merecemos un gobierno educador!