Visión financiera

El Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, quien el año pasado aspiró a convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intentó frenar dos inhabilitaciones impuestas por la autoridad a Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, una empresa que, de acuerdo con la plataforma Compras MX, ha obtenido 325 contratos con el Gobierno federal por 14 mil 467 millones de pesos entre 2017 y 2026.

Para ver el tamaño de este proveedor, tan sólo en 2025 obtuvo contratos por 5 mil 543 millones de pesos, el monto anual más alto registrado para la empresa. Ese dato permite dimensionar el alcance que pueden tener las resoluciones judiciales relacionadas con su participación en procedimientos de contratación pública.

Los expedientes identificados con los números 2080/2025 y 435/2026 fueron turnados al mismo juzgado. En ambos casos, Gabriel Regis concedió medidas cautelares que beneficiaron a la empresa. El expediente 2080/2025 resulta particularmente relevante. En ese juicio, el juez concedió dos suspensiones definitivas para impedir temporalmente la ejecución de las inhabilitaciones impuestas a Pryse por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Sus resoluciones obligaron a esa dependencia a emitir diversas circulares en el Diario Oficial de la Federación para suspender la ejecución de las inhabilitaciones e, incluso, dejar sin efectos temporalmente su publicación y su registro en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

Ese criterio, sin embargo, fue corregido por un tribunal superior. El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó por unanimidad ambas suspensiones al resolver los recursos R.A. Inc. 14/2026 y R.A. 189/2026.

Los magistrados concluyeron que esas medidas cautelares fueron concedidas en contra de una jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que debe negarse la suspensión cuando su efecto sea impedir la ejecución de una inhabilitación para participar en licitaciones o celebrar contratos con el Estado.

El propio tribunal explicó que suspender la ejecución de una inhabilitación contraviene disposiciones de orden público desarrolladas a partir del artículo 134 de la Constitución, precepto que obliga a que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

La lógica del criterio es muy sencilla: las inhabilitaciones no sólo constituyen una sanción administrativa, sino un mecanismo para proteger el interés público en las contrataciones gubernamentales.

El segundo expediente, el 435/2026, tambien vale la pena analizarlo. Corresponde al juicio promovido contra una resolución del titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que ordenó reponer dos procedimientos de contratación pública, decisión que, de acuerdo con la propia autoridad, permitiría generar un ahorro cercano a 300 millones de pesos para el erario.

Hay otro aspecto que merece atención. Dos procedimientos distintos, iniciados por autoridades diferentes y relacionados con la misma empresa, fueron asignados al mismo juzgado. Esa circunstancia, por sí sola, no demuestra una irregularidad. El sistema de turno judicial está diseñado precisamente para distribuir los asuntos de manera aleatoria.

Sin embargo, cuando esa coincidencia involucra a una empresa con contratos públicos por más de 14 mil millones de pesos, que además obtuvo resoluciones favorables para suspender temporalmente la ejecución de inhabilitaciones administrativas, resulta inevitable preguntarse si el mecanismo de asignación ofrece hoy los niveles de transparencia necesarios para despejar cualquier duda.

Más aún cuando una de esas decisiones fue revocada por unanimidad por un tribunal colegiado al concluir que se apartaba de una jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte.

Roban presea a indígena

Durante la inauguración del Festival Cultural Ceiba 2026 en Tabasco, la entrega de la presea “La Savia del Edén” a la radiodifusora indígena La Voz de los Chontales derivó en una denuncia pública por presunto abuso de poder y humillación contra una mujer indígena.

Según el testimonio difundido, Griselda Luciano de la Cruz había sido designada para recibir el reconocimiento en representación del equipo que impulsó el proyecto, pero durante la ceremonia un representante del INPI en Tabasco habría retirado la presea de sus manos para entregarla al nuevo director de la emisora.

La denuncia también señala que Domingo Alejandro Luciano, uno de los impulsores de la radiodifusora, fue separado de su cargo pocos días antes del evento. Hasta el momento, el INPI no ha emitido una explicación pública sobre lo ocurrido.

El caso genera preocupación porque el reconocimiento buscaba honrar el trabajo comunitario en favor de la lengua y la cultura yokot’an, pero terminó señalado como un episodio de presunta arbitrariedad institucional.

El botín educativo

La permanencia de la empresa Dypasa en los contratos del Estado de México expone la continuidad del negocio privado a casi tres años de la alternancia. A pesar del discurso de combate a la corrupción, la proveedora vinculada a los intereses del exgobernador conserva el negocio de los desayunos escolares: un mercado superior a los dos mil millones de pesos al año que cobra sobreprecios a costa del erario mexiquense.

Del otro lado del mostrador operaría Francisco Vázquez Rodríguez, líder de Morena en el Congreso local y presidente de la Jucopo. Con el colmillo afilado tras su paso como operador de Horacio Duarte en la Dirección General de Aduanas y por la gestión financiera de la hoy gobernadora, el diputado conoce a fondo las vísceras del gasto público.

En la entidad lo saben bien: ninguna compra o licitación del sector educativo avanza sin el aval de su escritorio. La educación pública en el estado se convirtió así en la caja chica donde el padrón de proveedores del sexenio anterior financia la operación política del presente.

Reforestar el futuro

Tome Nota, Cada año, México pierde más de 1.1 millones de hectáreas a causa de la deforestación, la tala ilegal, los incendios y las plagas. El desafío ambiental es enorme y obliga a fortalecer las acciones de restauración, una prioridad para el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

En ese contexto, la Jornada Nacional de Reforestación 2026, programada para el próximo 9 de agosto, representa un esfuerzo para impulsar la recuperación de los ecosistemas y promover una mayor conciencia sobre el cuidado de la naturaleza.

La meta es plantar 6.6 millones de árboles y plantas en una sola jornada, por lo que, a esta iniciativa se han sumado gobernadores, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, municipios, voluntarios, dependencias federales, centros de investigación, universidades y organizaciones sociales, en una muestra de colaboración entre distintos sectores. El objetivo de largo plazo es alcanzar, hacia 2030, la reforestación de mil 500 millones de árboles y plantas.