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MEXICALI, BC, 1 de octubre de 2026- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor revisar los antecedentes contractuales que pudieran estar relacionados con personas o empresas recientemente incluidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y remitir los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La revisión se realizará a partir de las nuevas designaciones emitidas por la autoridad estadounidense y tendrá como objetivo determinar si existieron posibles irregularidades o riesgos en los contratos celebrados por el Gobierno de Baja California.
En ese sentido, la gobernadora sostuvo que las contrataciones deben analizarse con base en la información y las restricciones jurídicas vigentes al momento en que fueron realizadas.

“El principio es muy claro: cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos. Hoy existe información nueva y, a partir de ella, actuamos en consecuencia”, señaló.
Ávila Olmeda indicó que la instrucción al gabinete contempla revisar los antecedentes contractuales, determinar si existió alguna vulneración o riesgo en materia operativa o patrimonial y colaborar con las autoridades competentes.
Como medida preventiva, el Poder Ejecutivo estatal también determinó que las personas físicas o morales señaladas por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas no podrán participar como proveedoras del Gobierno del Estado mientras no aclaren su situación jurídica ante las instancias correspondientes.
Respecto a los contratos relacionados con seguridad pública, el Gobierno estatal señaló que correspondieron a equipamiento, suministros e infraestructura técnica. Agregó que la custodia y administración de los sistemas y bases de datos institucionales corresponde al personal facultado de las corporaciones de seguridad.
La administración estatal añadió que la Fiscalía General del Estado cuenta con autonomía constitucional, presupuestal y de gestión administrativa para sus procesos de compra y resguardo documental.
“Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar: vamos a esclarecer los hechos con documentos y con absoluta disposición frente a las autoridades competentes”, afirmó la gobernadora.





