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MEXICALI, BC, 29 de septiembre de 2026.- Autoridades de Estados Unidos atribuyen a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y el uso de influencia política para favorecer sus operaciones en Baja California, según documentación del Departamento del Tesoro.
De acuerdo con el reporte publicado este martes, la documentación forma parte de una nueva ofensiva estadounidense contra Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, que contempla medidas contra 21 personas y 25 entidades presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.
El Tesoro sostiene que redes de presunta corrupción vinculadas con el Cártel de Sinaloa habrían alcanzado altos niveles del gobierno de Baja California.
En ese contexto, las autoridades estadounidenses atribuyen a Torres Torres haber utilizado sus relaciones políticas para presuntamente favorecer operaciones de la organización criminal.
El reporte añade que el Departamento de Estado habría cancelado en mayo de 2025 la visa de Carlos Torres debido a su presunta “afiliación con el cártel y trabajo en nombre del Cártel de Sinaloa”.
La visa de Marina del Pilar fue retirada prácticamente al mismo tiempo. Sin embargo, Estados Unidos no ha informado públicamente que la gobernadora sea investigada por estos hechos, no la acusa en la documentación conocida de colaborar con el Cártel de Sinaloa y tampoco ha explicado oficialmente el motivo de la cancelación de su visa.
Los señalamientos reportados alcanzan también a Luis Alfonso Torres Torres, hermano del exesposo de la mandataria, a quien autoridades estadounidenses atribuyen presuntas actividades relacionadas con sobornos y lavado de recursos.
Asimismo, la documentación citada señala al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, por presuntamente recibir sobornos de Juan José Ponce Félix, El Ruso, para favorecer las actividades de su estructura criminal.
Las imputaciones y señalamientos contenidos en documentos de autoridades estadounidenses no constituyen por sí mismos una sentencia ni acreditan responsabilidad penal, la cual tendría que determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
Marina del Pilar había confirmado previamente que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación derivada de una denuncia contra su exesposo. La existencia de esa indagatoria tampoco implica que los hechos denunciados hayan sido acreditados judicialmente.
La información difundida este martes aporta, no obstante, un elemento nuevo: atribuye a autoridades estadounidenses una explicación sobre la cancelación de la visa de Carlos Torres y la relaciona con sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El reporte completo del Departamento de Tesoro AQUÍ
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